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Fuente: Diario El Ancasti (Catamarca)
Se analizaron distintos aspectos de la concesión. Hubo un fuerte rechazo al aumento tarifario en estudio y a los juicios contra los morosos. 

Poner la cara. El director de Aguas del Valle, Javier Rodríguez, defendió como pudo a su empresa, de los múltiples cuestionamientos de los usuarios. 
Aguas del Valle S.A. recibió ayer una de las más fuertes críticas públicas desde que está a cargo de la concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales de Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Usuarios y representantes de entidades de defensa del consumidor -algunos llegados desde Buenos Aires- reunidos en un foro organizado por la agrupación "Vecinos autoconvocados" cargaron contra la firma de capitales españoles por diversos incumplimientos contractuales, la falta de inversión comprometida, el resentimiento del servicio en varios sectores del área de concesión, y más actualmente, por el pedido de aumento tarifario del 20% al Gobierno y los juicios ejecutivos que inició contra sus clientes morosos. 

El punto más álgido de los cuestionamientos llegó cuando algunos de los presentes increparon al titular de la privatizada, Javier Rodríguez Marrero, pidiéndole explicaciones por problemas de facturación, cobro a deudores, medidores y tarifas, entre otros. Rodríguez había llegado a la jornada de debate, que se desarrollará hasta hoy en el Salón Calchaquí, para escuchar una exposición sobre el desempeño de la empresa bajo su dirección, que estuvo a cargo del abogado y máster en economía Lucio Montero, y defendió como pudo la gestión de la concesionaria. 

Montero hizo un detallado análisis de la gestión de Aguas del Valle desde que le fue transferido el servicio que prestaba Obras Sanitarias Catamarca, en 2000, dividiendo la exposición en el período previo a que se declarara la emergencia económica posterior a la devaluación (enero de 2002), y lo que sucedió durante todo el lapso de renegociación del contrato con la Provincia. 

El abogado mostró con abundantes cifras y citas de los marcos jurídicos intervinientes, y apoyándose en el informe que la comisión renegociadora emitió a finales del año pasado, cómo la firma no invirtió, en primer término, el dinero comprometido para la primera etapa de la operación del servicio. Y mencionó que la empresa debía poco más de 2 millones de pesos al momento de declararse la emergencia, que congeló y pesificó las tarifas de los servicios. 

Montero sostuvo que la ley marco del proceso de renegociación en ningún momento autorizaba una alteración del cronograma de inversiones, y mucho menos, que prácticamente las suspendiera, como sucedió cuando se firmó un "acta acuerdo" con la anterior administración, en abril de 2002. Hay que recordar que el mismo ENRE dictaminó que, al no concretar obras obligatorias para paliar la falta de agua superficial y reparar pérdidas, se resintió el servicio a una cuarta parte de la población de la Capital. 

El letrado también dijo que la empresa habría preferido mantener un esquema tarifario "de transición" (a través de las demoras para pasar al servicio medido), que debería haberse dejado en diciembre de 2003, con el fin de recaudar más. Esto, porque las tarifas de ese esquema, que actualmente se mantienen, son un 70 por ciento más caras que las "de concesión", que deberían estar vigentes. 

Uno de los argumentos de la empresa rebatidos por el expositor fue el referido a las pérdidas, que para Montero "no pueden atribuirse a la emergencia económica" -según concluyó también la comisión de renegociación-, y que la baja calidad del servicio fue una de las responsables de la alta morosidad que se registra. 

En el contrato de concesión, mencionó, hay un punto caracterizado como "riesgo empresario", en el que se especifica claramente que Aguas del Valle no puede solicitar un aumento tarifario poniendo al déficit operativo como excusa, porque para eso conocía bien el estado de la empresa al hacerse cargo del servicio y las proyecciones para una concesión de 30 años como la que aceptó. 

Juicios 

Los juicios ejecutivos iniciados por la firma contra sus clientes deudores fueron severamente criticados por los usuarios. Primero se cuestionó el marco regulatorio flexible que los posibilita, la falta de planes de pago accesibles y una normativa sobre restricciones que permite que prácticamente se deje sin agua el domicilio del moroso. 

Se criticó la "unilateralidad" de la declaración de la deuda (que habilita al juicio ejecutivo), y el cobro a locales comerciales de fuertes sumas aunque el consumo sea pequeño.
Tema relacionado fue el del esquema tarifario con el que Aguas del Valle calcula las boletas, y en particular el cobro según el criterio de "renta fija", que fue caracterizado como un "cuasi impuesto inmobiliario" que considera aspectos como la calidad de la construcción o la superficie edificada.